Las empresas pueden ser responsables penalmente por delitos cometidos por directivos o empleados en su beneficio, especialmente si no se ha ejercido un adecuado control. Para evitarlo, deben implementar un modelo de cumplimiento (compliance) con medidas preventivas y de supervisión. Solo responden por ciertos delitos establecidos por la ley.

La prisión provisional permite que una persona ingrese en prisión sin estar condenada, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales. Es una medida cautelar excepcional que debe estar justificada y respetar los derechos fundamentales del investigado.

El Código Penal contempla circunstancias eximentes que pueden eliminar la responsabilidad penal de quien comete un delito, como la minoría de edad, trastornos mentales, intoxicación, miedo insuperable o causas de justificación como la legítima defensa o el cumplimiento de un deber, siempre que se cumplan ciertos requisitos y el juez lo determine.

El delito de descubrimiento y revelación de secretos afecta a la intimidad, castigando el acceso no autorizado a documentos personales, la interceptación de comunicaciones y el acceso o modificación de datos electrónicos privados. Las penas son de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Las conductas punibles incluyen obtener, usar o transmitir datos sin consentimiento y la utilización de medios técnicos para interceptar o grabar comunicaciones. Estos delitos se consideran intencionales y no imprudentes.

Los delitos de alcoholemia en accidentes de tráfico conllevan penas como prisión, multa, trabajos comunitarios y la retirada del carnet de 1 a 4 años. Negarse a realizar la prueba puede llevar a un delito de desobediencia. Si se supera un límite de alcohol en sangre o aire, el proceso es complicado, pero la prueba debe cumplir con garantías legales, como informar sobre el derecho a un segundo examen. Incluso con un resultado bajo, el agente puede decidir si se va a juicio.

Tanto dentro de la organización empresarial, como en la práctica de la actividad societaria, existe siempre la posibilidad de que algún directivo o trabajador lleve a cabo un acto u omisión que suponga una conducta castigada como delito.